Medidas anticorrupción de EPN servirán si limpia su nombre primero, dice The Economist

AP277920821466-cCiudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto debe limpiar primero su nombre si quiere que funcionen las medidas anticorrupción que anunció el martes pasado, dice la revista especializada The Economist que, citando a especialistas, señala que la oposición ha estado sospechosamente callada sobre los temas de corrupción en la administración federal debido a que “muchos tienen esqueletos en sus armarios”.

La revista habla de las sospechas que hay sobre el nuevo Secretario de la Función Pública y plantea dudas sobre la regulación de los conflictos de intereses, que “es turbia en México, lo que significa que la base jurídica de la investigación no está clara”.

“No todos los días un Presidente lanza una investigación sobre sus propios asuntos, pero eso es lo que el líder de México, Enrique Peña Nieto, acaba de hacer. El 3 de febrero anunció que él, su esposa [Angélica Rivera] y su Secretario de Hacienda [Luis Videgaray] se convertirán en los primeros sujetos de una investigación sobre conflictos de interés. Esta decisión sorprendente era parte de un paquete de medidas contra la corrupción que Peña espera que restablezca su credibilidad y popularidad, que han sido maltratadas por el escándalo y la indignación pública por un crimen”, dice.

Para tener éxito, agrega The Economist Peña debe, ante todo, “establecer que él está libre de culpa en un escándalo provocado por las revelaciones que él, su esposa, y Luis Videgaray compraron casas a crédito de las filiales de una empresa de construcción que se ha beneficiado de contratos del gobierno. Todos declararon que no han hecho nada malo, aunque el señor Videgaray recibió una hipoteca a tasas por debajo del mercado. Ahora el señor Peña ha abierto una investigación que espera vindicarlos”.

La investigación, dice la revista inglesa, la llevará a cabo Virgilio Andrade Martínez, quien ha sido nombrado Secretario de la Función Pública, “un puesto que ha estado vacante durante más de dos años”. El deber del Secretario es monitorear si los funcionarios del gobierno están cumpliendo con la ley, sostiene.

El pasado 22 de enero, la influyente revista británica dijo que los últimos escándalos con Grupo Higa y la familia San Román, así como el cinismo del Presidente Enrique Peña Nieto, serán capitalizados por el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador. “El gobierno está manchado por el escándalo”, señaló. Recordó el caso de los 43 normalistas y  la “casa blanca” de Angélica Rivera, Primera Dama; la casa de Malinalco que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró a Grupo Higa en octubre de 2012 (de 850 metros cuadrados, ubicada en un club de golf en Malinalco, Estado de México y que costó 7.5 millones de pesos). También habló de la cancelación del tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que tendría un costo de 50 mil 820 millones 264 mil 042 pesos brutos.

Y “la última vergüenza” –mencionó–: la casa de Peña en Ixtapan de la Sal.

“Las audaces reformas económicas [de Peña Nieto] aún pueden traer recompensa política. Las divisiones de la oposición pueden ayudarle a ganar las elecciones del Congreso en junio. Pero en los últimos meses han socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas. Y con las encuestas que sugieren que la participación en las elecciones será triste, el principal beneficiario del cinismo que está engendrando el Presidente, puede ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico que dos veces ha estado a punto de ganar la Presidencia. México se merece algo mejor”.

En su nuevo artículo sobre México, The Economist cita a activistas anti-corrupción, quienes cuestionan lo imparcial que podrá ser Andrade, “ya que le debe su trabajo al señor Peña”.

A pesar de ello, la revista dice que “un grupo de expertos analizará sus resultados, lo que proporcionará cierta tranquilidad. En la mayoría de los países, sin embargo, una comisión independiente estaría cumpliendo esa instrucción, dice Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, una organización no gubernamental”.

“Para complicar las cosas, la regulación de los conflictos de intereses es turbia en México, lo que significa que la base jurídica de la investigación no está clara. Los partidos de oposición en el Congreso dicen que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto ha retrasado el lanzamiento de su propia investigación. Pero la oposición ha estado notablemente tranquila en el tema ya que, sospechan los expertos, muchos tienen esqueletos en sus armarios”.

“Una blanqueada podría desacreditar el esfuerzo más amplio para curar la corrupción sistemática que afecta a México desde los más altos niveles de gobierno a los más bajos. El Presidente pidió al Congreso rapidez para aprobar una reforma constitucional, presentada por el opositor Partido Acción Nacional (PAN), para crear un sistema de control y supervisión, en lugar de un único organismo de lucha contra la corrupción. El PRI y el PAN están regateando los detalles, pero se espera que incluya la oficina de un auditor general fortalecido, el Secretario de la Función Pública, un organismo de lucha contra la corrupción que se creará en virtud de un fiscal general más autónomo y un nuevo tribunal. Peña también quiere exigir a todos los empleados federales a revelar posibles conflictos de intereses en sus declaraciones anuales de bienes”, agrega.

“La participación de ambas partes [PRI y PAN] sugiere que la reforma tiene una buena oportunidad de pasar”, considera The Economist. “Cuenta con el respaldo de muchas organizaciones no gubernamentales contra la corrupción. Pero probablemente no es suficiente para cambiar el comportamiento de los políticos, que tiene sus raíces en el uso de la función pública para hacer dinero suficiente para ganar las elecciones. Peña puede mejorar esas probabilidades, pero debe limpiar su nombre primero”.

 

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