Polemica Noticias
Polémica / José Gregorio Aguilar
Martes 04 de Junio 2024.-
El representante legal de la ONAPPAFA, Jesús Manuel Maldonado Zúñiga, cuestionó al gobierno municipal de Victoria, que ha hecho con todos los recursos que han ingresado al Ayuntamiento por concepto del programa de regularización de autos usados de procedencia extranjera.
Dijo que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas, Victoria ha recibido más de 70 millones de pesos, pero el aún alcalde con licencia Eduardo Gattas Báez declaró en su mas reciente informe de gobierno, que el Ayuntamiento ha ejercido 10 mdp del programa de regularización vehicular, por lo que surge la pregunta dónde está el resto del dinero o por qué no se han ejercido.
“Yo he escuchado al alcalde con licencia que llevaban ejercidos 10 millones del programa pero ciudad Victoria si no me equivoco, tiene 70 u 80 millones para ese gasto, y entonces el resto, por qué no se han ejercido, si en su último informe de gobierno Gattas dijo que iban ejercidos 10 millones pero ya había 70 mdp disponibles para Victoria según los números que dio la Secretaría de Finanzas o que tenemos que los ciudadanos solicitarlos necesitarían solicitarlo, porque eso es a través de un proyecto”.
Como se sabe, desde que se aprobó el Decreto, hace más de dos años, Tamaulipas ha sido uno de los estados que más ingresos económicos ha recibido gracias a la regularización de los llamados autos chocolate, sin embargo, el ciudadano común desconoce de que manera se está gastando ese millonario recurso.
“Efectivamente Tamaulipas es uno de los estados que más recursos ha recabado pór eso mismo nosotros como ciudadanos hay que solicitar a las autoridades municipales que el recurso dentro de sus colonias, de su lugar de origen, si una calle está en mal estado, señor presidente atender, de donde sale pues del recurso que hay del programa”.
De acuerdo al Decreto, todo lo recaudado por este programa tiene que ser invertido en el mejoramiento de las vialidades, sin embargo, es importante hacer notar que el Gobierno del Estado ya no interviene en la ejecución de esos trabajos ni fiscaliza si se ejecutan o no, por lo que seguramente compete a la Auditoría Superior de la Federación esa responsabilidad.
