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Septiembre 9. 2024 / Staff
En medio de la discusión de la reforma al PJ, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó su contrarreforma al sistema de justicia y alertó que la destrucción del Poder Judicial no es la vía.
Entre sus propuestas, resalta la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, reducir la militarización de la seguridad, fortalecer los ministerios y defensorías públicas, así como analizar la política punitiva de las drogas.
En un mensaje, junto a otros tres ministros de la Suprema Corte y consejeros de la Judicatura, llamó al diálogo entre Poderes a los legisladores y les pidió escuchar las voces de víctimas, instancias internacionales y jóvenes.
Para la presidenta de la Corte, “la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende, si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”.
Manifestó que la historia “no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces, quienes así lo crean, no conocen México”.
Ante el paro de labores de jueces y magistrados, que está por cumplir tres semanas, la ministra Piña señaló que “desde el Poder Judicial federal les decimos que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestra convicción y compromiso es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”.
EL DIAGNÓSTICO
La contrarreforma incluye 62 propuestas, como “avanzar hacia una paulatina menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública”.
Para fortalecer los ministerios públicos, que es donde inician las denuncias, se propone que los agentes obtengan su puesto por concurso, como los jueces y magistrados y se cree un símil de la Judicatura, pero en las fiscalías.
Pide que sea revisada la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR) para que no actúe de forma fragmentada, así como la aprobación de un Ley de Nacional de Servicios Forenses, que articule los procedimientos a nivel nacional, con presupuestos suficientes y bases de datos.
Se debe revalorar el enfoque punitivo en la política de drogas y narcomenudeo, buscar soluciones alternativas, pues la “implementación de una estrategia de combate armado contra el mercado de drogas ha contribuido al aumento de la violencia”.
Entre sus 64 propuestas, está la inclusión de medidas efectivas para reducir el ingreso de armas a México y la estandarización de los procedimientos de investigación criminal, la cooperación internacional en materia de trata de personas y una estrategia nacional de búsqueda de desaparecidos.
También se busca eliminar las “figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones convencionales asumidas por México”.
Se debe tipificar en todos los códigos penales estatales el delito de feminicidio y “normalizar los protocolos de investigación policial en todo el Estado, a fin de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal”.
Las instituciones de Seguridad deben fortalecer sus centros de control y comando e “implementar mecanismos para asegurar la preservación de videos y grabaciones vinculados con denuncias de delitos relacionados con violencias inaceptables para evitar la pérdida de pruebas cruciales”.
Los estados y la Federación tienen que establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales, en “función de criterios rigurosos de formación, prácticas operativas, transparencia y rendición de cuentas”.
Para acercar la justicia a la población, se considera la creación de “oficinas móviles de denuncia que se desplacen a comunidades alejadas y pueblos indígenas; la implementación de plataformas digitales accesibles para personas con discapacidad o personas mayores, y la provisión de servicios de acompañamiento legal y psicológico durante el proceso de denuncia”.
El Poder Judicial sugiere que se apruebe una reforma constitucional para crear un Sistema Nacional de Defensorías, que homologará la forma de operar de ese instituto nacional con los locales y daría posibilidades de defensa a personas que no cuentan con recursos.
El diagnóstico indica que “es necesario incrementar el número de personas juzgadoras y juzgados en los poderes judiciales estatales, priorizando las entidades con tasas más bajas de jueces por habitante o territorios más amplios, a partir de un diagnóstico desagregado por materia, población y territorio”.
Se debe incluir la tecnología en los estados y una estrategia nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como reformas para garantizar presupuesto suficiente a los poderes judiciales de los estados.
El Poder Judicial, encabezado por Norma Piña, propone que se garanticen los recursos necesarios para la implementación plena de un sistema de justicia oral en las materias civil y familiar, que también corresponden a los estados.
